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Tras inspecciones realizadas en la Cooperativa de Trabajo El Dorado LTDA y la Cooperativa de Trabajo 20 de Noviembre, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz detectó que el 80% de los trabajadores no estaban registrados. En consecuencia, se aplicaron sanciones en el marco de la Ley Provincial N° 2450 y el Pacto Federal de Trabajo para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

Así lo manifestó Martín Molina, subsecretario de Cooperativas y Mutuales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración en referencia a la medida que ejecutó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en todo el país. Además, enumeró las acciones que se llevan adelante desde Provincia como fiscalizar, capacitar y acompañar los procesos de desarrollo en los proyectos santacruceños.

La iniciativa tuvo lugar durante la mañana y la tarde del miércoles 18. Parte del equipo de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales provincial se reunió con vecinos agrupados bajo esta modalidad de trabajo. La convocatoria estuvo coordinada por el diputado por Pueblo, Santiago Aberastain.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido encabezó una reunión que contó con la participación de representantes de cooperativas que realizan tareas de limpieza en las instituciones educativas de distintas localidades de la provincia. Durante el encuentro se firmó un contrato por seis meses.

Martín Molina, subsecretario de Cooperativas y Mutuales, se reunió con cooperativas de Puerto Deseado de la mano del diputado por Pueblo, Santiago Aberastain, quien gestionó su llegada a la localidad. Entre otras cosas, visitó Zona de Chacras y mantuvo encuentros con grupos que se dedican al procesamiento de pescado.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria (STIA) de Santa Cruz emitió un contundente comunicado dirigido a las compañías pesqueras locales, en el que se manifiesta enérgicamente contra la contratación de cooperativas para el empleo de mano de obra en las plantas pesqueras. El sindicato señala que esta práctica constituye un fraude laboral que busca eludir las obligaciones con la seguridad social y perjudicar a los trabajadores.